He asistido en mi vida a una sola Asamblea General de la OEA. Fue en La Paz y si no me equivoco en 1979, es decir, cuando se conmemoraba el centenario de la guerra del Pacífico. El Canciller de Chile deliberadamente no viajó a la reunión. Hizo cabeza el embajador Pedro Daza, avezado diplomático y -ahora tenemos que agregar-, padre de la doctora Paula Daza, a quien tanto le debemos en nuestra epopeya contra el Covid.
Recuerdo que en esa oportunidad en Bolivia nos basurearon. Todos gritaban contra Chile -algunos incluso vestidos de marineros- en las afueras del hotel donde se sesionaba; y puertas adentro se maquinó una resolución por supuesto contra Chile, resolución que quedó en la nada porque esa misma noche hubo golpe de Estado. Reviso para evitar equivocarme: cayó Walter Guevara Arze y asumió como nuevo presidente Alberto Natusch Busch. De los ataques a nuestro país ya nadie siquiera se acordó.
La última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la de este año, concluyó hace unas semanas en Lima en un momento en que el Presidente de ese país, redundemos, no está su mejor momento.
Como consecuencia de esa reunión leí en Lampadia una denuncia reveladora. Primero, ¿qué es Lampadia? Un diario digital peruano detrás del cual está Diego Acuña, un periodista
serio (perdón por la aclaración, pero aunque yo soy periodista reconozco que no todos somos serios, como sucede en todas las profesiones de la vida) que también trabaja en televisión.
Esta vez, en su diario digital, Acuña hace una denuncia portentosa bajo un título no menos singular: Dime quien te financia y te diré qué libreto sigues, a la vez que se refiere a lo que llama Activismo hipócrita en las OnGs.
Relata que a raíz de esa 52 Asamblea General de OEA, Sebastián Schuff, presidente del Global Center for Human Rights (GCHR), viajó a Lima para presentar su informe “Balance del financiamiento de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y de la Corte Interamericana: opacidades e influencias en una financiación condicionada”. Ahí sostiene que “el financiamiento tanto de la CIDH como de la Corte Interamericana, los dos principales órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), deberían provenir del presupuesto general de la OEA, que se conforma de los aportes que realizan los países miembros”.
Y agrega: “Pues bien, examinando la composición del presupuesto del SIDH, encontramos que este se compone de fondos regulares (cuotas que pagan los países miembros de la OEA), pero también -y he aquí lo que llama mucho la atención- de fondos específicos o contribuciones extraordinarias, que provienen de países no miembros del sistema interamericano, oenegés transnacionales y hasta empresas privadas”.
Me pregunto: cuánto de eso estará recayendo en nuestro convulsionado Chile?
Pero sigue Lampadia
“La pregunta obvia resulta ¿qué obtiene una ONG o empresa privada por aportar al SIDH? Y la respuesta es lo más escandaloso que revela el informe. Se trata de aportes condicionados, en los que el donante decide dónde se gastarán los fondos que entrega, incidiendo de manera directa en la agenda y resoluciones del SIDH. Es así que estas contribuciones extraordinarias dejan de ser aportes de buena voluntad para el trabajo de los órganos en general y pasan a ser fondos destinados a proyectos específicos, que impulsan agendas específicas. En otras palabras, activismo puro”.
Pero, ¿en qué consiste ese activismo puro? Cito: “Tal es el caso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para Desarrollo (AECID), que desde el año 2009, ha destinado USD 4’737,478 a la Corte Interamericana y que han sido utilizados en diversos proyectos con objetivos políticos”.
Continúa: “Por ejemplo, en 2016, la agencia estatal española financió el proyecto titulado Protección de víctimas y personas pertenecientes a grupos vulnerables a través de medidas provisionales y resolución de casos contenciosos sobre alegada discriminación por orientación sexual y garantías del debido proceso. Ese mismo año, la Corte IDH emitió dos fallos en contra de Colombia y Ecuador, países miembros del sistema interamericano, por supuestos incumplimientos de obligaciones inexistentes en los tratados, basados en presunta discriminación por ‘orientación sexual e identidad de género’”. Schuff resalta “que ambos fallos son considerados de los más emblemáticos en la imposición de nuevas obligaciones en favor de las personas con atracción al mismo sexo”.
Más adelante leo: “Entre los aportantes extraordinarios, figuran también Open Society Foundation (de George Soros), Oxfam, Fundación Ford, Save the Children, Arcus, entre otras. Más allá del evidente conflicto de intereses que se suscita al poder condicionar aportes, está el tema de tener fuerte influencia en las decisiones de la Corte, imponiendo lenguaje y terminologías, que luego pasan a ser ‘estándares de derechos humanos’”, imponiéndolos unilateralmente sin que cada país los haya acordado.
Lampadia considera: “Salvo pocas excepciones, los proyectos diversos costeados por los aportantes extraordinarios, tratan casi exclusivamente sobre promoción y protección de los derechos de personas LGBTI. Esto convierte tanto a la CIDH como a la Corte IDH, en vehículos de proselitismo político e ideológico, y las aleja de su rol original de protectores imparciales de los derechos humanos”.
No sé si he abusado de las citas pero a veces, dado el contexto, se requiere abusar de ellas. Lampadia, sin duda, es un medio peruano que se atreve no solo a denunciar, sino también a alertar.
Lillian Calm
Periodista
